sábado, 11 de junio de 2011

El movimiento se demuestra andando


Sé que hay un montón de gente indignada, desanimada o como yo, directamente pasmada con la situación que estamos viviendo.

En muchos percibo ganas de hacer algo, sólo que no saben qué dirección tomar, y en otros la convicción de que no se puede hacer nada para cambiar el sistema.

Es posible que yo tenga la autoestima demasiado alta (ya me lo haré mirar cuando escampe) y que flipe pepinillos voladores, pero tengo el firme convencimiento de que podemos cambiar lo que nos dé la gana, que para eso somos más.

Los políticos son personas normales y corrientes como nosotros, y si los hemos puesto en el Gobierno los podemos quitar cuando queramos. Y exigirles sin miedo y sin complejos que cumplan con sus obligaciones, que para algo les pagamos.

Y si no lo hacen estos los echamos y que vengan los siguientes, y los siguientes, y los que hagan falta hasta que aprendan que para ser nuestros gobernantes han de tenernos en cuenta y trabajar en beneficio de todos, no sólo en el suyo propio.

Os iré presentando a medida que los encuentre a los que piensan como vosotros y como yo por si os apetece echar una manita, que hacen falta todas.

Somos muchos, cada vez más. Sólo tenemos que ir juntándonos poco a poco y movernos en la misma dirección.


Nuevo Manifiesto de la Tercera Ola

Los firmantes de este manifiesto somos ciudadanos preocupados por el acusado deterioro de la democracia en España y por el incorrecto funcionamiento nuestras instituciones políticas. 

El Parlamento ejerce teóricamente la representación de los ciudadanos pero, en la práctica, sus miembros responden sólo ante las direcciones de los partidos. 

Y aquellos órganos del Estado concebidos para actuar con independencia e imparcialidad sufren un profundo proceso de politización, que redunda de manera muy negativa en su eficacia y credibilidad. 

En lugar destacado se encontraría el Tribunal Constitucional cuyos magistrados, nombrados a cuotas por los partidos, parecen votar y actuar en función del grupo político que los propuso. 

Sufrimos a diario una corrupción generalizada, unas decisiones públicas con un elevado grado de arbitrariedad, una aplicación de la legalidad en función de la conveniencia política y una clase dirigente insuficientemente cualificada y preparada, cuyas decisiones parecen más dirigidas a preservar sus privilegios que a resolver los problemas de los ciudadanos. 

En este sentido, la dolorosa situación económica que padecemos ha sido causada, en gran medida, por unas erróneas decisiones políticas. 

Estamos convencidos de que España necesita urgentemente unas reformas que permitan establecer un sistema político maduro, equilibrado y mucho más participativo, que fomente unas decisiones públicas más centradas en los intereses de los ciudadanos.

Somos conscientes de que la democracia se basa en la separación de poderes, y en la existencia de unos mecanismos de contrapeso y reparto de poder entre las diferentes instituciones, de manera que la vigilancia recíproca ejerza un control eficaz frente al abuso y la arbitrariedad. 

Y también sabemos que el voto ciudadano constituye un sistema de control último del poder así como un método de selección de los políticos por su capacidad y honradez. 

En España, por el contrario, una ley electoral inapropiada junto con una patente falta de democracia interna en los partidos, han acabado bloqueando todo el juego de contrapoderes y mecanismos de control. 

El sistema de listas cerradas implica que el diputado individual no debe su escaño a sus electores sino a la dirección de su partido, que le concede este privilegio. 

Se rompe así el principio de representación, la relación directa entre elector y elegido, y la capacidad de los votantes para seleccionar a las personas según su capacidad y actitud, contribuyendo a la virtual desaparición de la independencia del poder legislativo. 

Como consecuencia, el Parlamento no decide ni discute absolutamente nada, limitándose a aprobar lo que ya han decidido previamente las direcciones de los partidos. 

Y, debido a que gran parte de las instituciones clave del Estado son nombradas por el Parlamento, la preponderancia de los partidos se traslada a estos órganos, que quedan vacíos de contenido pues las decisiones que parecen tomar formalmente, ya han sido adoptadas previamente en otros ámbitos. 

De este modo, la corrupción, la arbitrariedad, el despilfarro de los recursos públicos y las políticas destinadas a otorgar privilegios a ciertos grupos de presión se generalizan sin que existan mecanismos capaces de poner freno a tan perjudicial proceso.

Por todo ello, proponemos una serie de reformas encaminadas a mejorar nuestras instituciones y fomentar una mejor representación de los ciudadanos, siempre entendiendo que toda acción para propiciar estos cambios debe desarrollarse dentro de la legalidad, guardando un escrupuloso respeto a las normas vigentes. 

No nos mueve otro interés que el de vivir como ciudadanos libres y ser gobernados por personas honradas y capaces, que pongan en práctica unas políticas dirigidas a resolver los graves problemas de los ciudadanos, no a crear otros nuevos.

Los cambios legislativos que consideramos urgentes e imprescindibles son:

1.- Una reforma de la ley electoral de manera que el ciudadano pueda votar a personas, no sólo a partidos, fomentando la representación directa para que cada elector sepa quién es su representante y pueda exigir cuentas de su actuación.
 
2.- La exigencia de democracia interna en los partidos para que los candidatos se designen a través de elecciones primarias en las que participen militantes y simpatizantes.
 
3.- Una reforma en los métodos de designación de los organismos clave del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial etc.) para lograr su independencia de los partidos y de otros grupos de presión, con especial atención a la garantía de independencia de la justicia.
 
4.- La instauración de unos métodos eficaces de selección de aquellos que deben ocupar los puestos políticos de libre designación, garantizando que su preparación es la adecuada para desarrollar su función y la elaboración de un estatuto del cargo público que recoja sus derechos, obligaciones y retribuciones.
 
5.- La puesta en práctica de medidas eficaces para el control del gasto público con el fin de garantizar en todas las administraciones unos presupuestos austeros y sostenibles.



Manifiesto Original de la Tercera Ola

Las personas que nos reunimos en esta página somos ciudadanos preocupados por la alarmante deriva que ha tomado España en los últimos tiempos. 

Mientras la crisis económica continúa imparable, cebándose en empresarios, autónomos y trabajadores, no es difícil observar en nuestros gobernantes, y en la clase política en general, una poco disimulada incapacidad para tomar las decisiones adecuadas y para acometer las reformas capaces de establecer las bases sólidas de un futuro crecimiento. 

Por el contrario, durante todos estos años, nuestros políticos han mostrado una enorme proclividad hacia el gasto y una desmesurada inclinación al despilfarro, sin reparar en que el dinero público pertenecía a todos los contribuyentes.

Resulta también muy preocupante el progresivo deterioro que ha ido experimentando nuestro sistema político. 

Tan intenso, que las decisiones públicas responden mucho más a los intereses de los gobernantes que a las necesidades de los gobernados. 

Y, con demasiada frecuencia, el ejercicio del poder se lleva a cabo con elevadas dosis de abuso y arbitrariedad, sin que parezcan existir mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento de las leyes y protejan los derechos de los ciudadanos. 

En muchas ocasiones, los políticos no cumplen si quiera las leyes que ellos mismos ha promulgado, poniendo en tela de juicio la existencia de un verdadero Estado de Derecho. 

Por tanto, no necesitamos unas leyes que intenten modelar la conducta de los ciudadanos sino otras que limiten la capacidad de decisión de los políticos.
“No necesitamos unas leyes que intenten modelar la conducta de los ciudadanos sino otras que limiten la capacidad de decisión de los políticos”
Las Administraciones Públicas, especialmente las Autonómicas, crecieron en las últimas décadas a un ritmo alarmante, con creación constante de nuevos servicios y empresas públicas, cuya utilidad y necesidad para los ciudadanos resultaban más que dudosas. 

Y la administración quedó plagada de miles y miles de asesores de los políticos y cargos de libre designación, muy bien pagados, cuya principal cualidad era un obediencia ciega o fidelidad al partido y no una gran competencia profesional. 

Se eliminaba, de este modo, el necesario control que funcionarios profesionales y competentes pudieran ejercer sobre las decisiones abusivas, arbitrarias o poco conformes con la legalidad por parte de los gobernantes.

Se crearon unas extensísimas y altamente privilegiadas castas políticas, formadas por muchas personas que nunca habían trabajado ni poseían la cualificación personal o profesional necesarias para dirigir los destinos de un país. 

Unos incentivos incorrectos para dedicarse a la política y unos mecanismos de selección claramente perversos han dado lugar a que muchos cargos políticos de gran responsabilidad sean ocupados por personas poco capaces y de honradez dudosa.

Tampoco ha sido, ni es, excepcional la corrupción o el cobro de comisiones por adjudicación de obras públicas, ni el enriquecimiento ilícito de algunos políticos por la recalificación del suelo, con la consiguiente pérdida de la limpieza, transparencia y competencia que deben caracterizar a cualquier país desarrollado, con un evidente perjuicio para las empresas que se niegan a participar en tan lamentable sistema y con una repercusión última de estas comisiones irregulares en el precio de las obras, del suelo y de las viviendas, que ha ido pagando el ciudadano.

El dinero de todos se ha usado para subvencionar y comprar a ciertos grupos de presión (artistas, cineastas, sindicatos, patronal, banqueros y muchos otros), que resultan fundamentales en el mantenimiento de las castas políticas. 

Y este gasto tan desorbitado ha puesto y sigue poniendo en peligro nuestra estabilidad económica y nuestro futuro, en especial el del ciudadano de a pie que soporta a pecho descubierto los rigores de la crisis.

Para colmo, cada vez en mayor medida, los gobiernos (nacional, autonómico e, incluso, municipal) se han ido valiendo de la publicidad institucional y del sistema de concesiones para controlar la prensa y los medios de comunicación, procurando que no se difundan o no se destaquen aquellas noticias que no son gratas o convenientes para los que ejercen el poder. 

Por suerte, y a pesar de sus intentos, todavía no han podido dominar la gran red de internet, que se mantiene como el último valladar de las libertades.

Somos conscientes de que la causa última de todos estos males se encuentra en un funcionamiento incorrecto de nuestro sistema político, del que han desaparecido casi todos los mecanismos de control del poder que caracterizan a un sistema democrático. 

Es preocupante observar que en España no existe una efectiva Separación de Poderes y que los principales órganos políticos y de representación (Parlamento, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial) han sido vaciados de contenido pues en ellos no se decide realmente nada: se limitan a ratificar lo que previamente han acordado las cúpulas de los partidos políticos. 

Finalmente, los partidos acaban ocupando y dominando una buena parte de las organizaciones de la sociedad civil, usurpando a los ciudadanos muchas de las decisiones que sólo a éstos corresponden. 

Una de las causas fundamentales todo este deterioro se encuentra en la elección mediante el sistema de listas cerradas, que fomenta un control absoluto de todas las instituciones por parte de las cúpulas de los partidos políticos. Y esto es extensible a las Administraciones Autonómicas y a las Locales.


         “Vivimos momentos en los que no cabe preguntarse 
           ¿qué va a pasar? sino  ¿qué  podemos hacer?”



Es necesario proponer unas reformas urgentes que pongan freno al reparto clientelar de los recursos públicos, limiten la actuación de los políticos reduciendo sus privilegios y establezcan una verdadera Separación de Poderes, que garantice los derechos de todos y devuelva la competencia y la responsabilidad a quien siempre debió pertenecer: los ciudadanos y la sociedad civil. 

Resulta imprescindible crear un clima de opinión favorable a las reformas, difundiendo en internet (y por todos los medios posibles) todo aquello que ahora se oculta a los ciudadanos. 

Y, para ello, es necesaria la colaboración de todos. 

Ante la gravedad de la situación es conveniente actuar con serenidad pero también con firmeza. Y nunca preguntarse ¿qué va a pasar? sino ¿qué podemos hacer?

Ofrecemos este foro para discutir con profundidad y apertura de miras, sin partidismos ni apriorismos, la raíz y las causa de nuestros problemas.

Y la ofrecemos, especialmente, a aquellas personas bienintencionadas que han apoyado o colaborado con plataformas que pudieron prometer en su momento una regeneración de la vida política española pero que acabaron sucumbiendo a la tentación, equivocando el rumbo y cayendo, como los partidos políticos, en las decisiones arbitrarias, caprichosas o interesadas de sus líderes.

Bienvenidos, estáis en vuestra casa.

http://www.laterceraola.org/p/la-tercera-ola.html

2 comentarios:

  1. Esto de la tercera ola, me suena bastante a mucho blabla, pero despues nada de nada.
    Sueñan con utopias, voto teorico por internet, politicos que se rebelen contra sus partidos, etc.
    Muy bonito, pero el voto que cuenta es la papeleta que se mete en la urna, solo conozco a una persona que mando a cagar al partido y fundo otro, de un grupo como estos, y ademas, todo lo que han dicho, se refleja en el acta del partido que preside, esta señora.
    Para el que todavia no sepa de quien hablo, de Rosa Diez y UPyD.

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